La fuerza del ESI es cada vez más notoria y se encuentra más presente en las instituciones, la familia y la comunidad. A partir de ello es que debemos enfocarnos en lograr un análisis con un enfoque de género y políticas de igualdad y derechos.
La Ley N° 26150 estableció la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho de niños, niñas y jóvenes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada.
Para ello nos enfocamos en la interrogación sobre cuál es la postura cultural que en muchos casos comienza desde atribuir una única mirada sobre los cuerpos sexuados y la normalidad en la exposición de los mismo, en donde priman los rasgos que sólo deben ser masculinos y cuales son los parámetros para los femeninos, la lógica binaria que deja fuera otras maneras de concebir los cuerpos, construyendo de ese modo una norma heterosexuada que constriñe, persigue y reprime toda disidencia, la interseccionalidad de estas marcaciones con determinaciones de clase, raza, etnia, nación, entre otras, y estableciendo un complejo y dinámico sistema de jerarquizaciones que se refuerzan entre sí.
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